Este jueves ha sido avalada en el Congreso una nueva ley de Vivienda que regula el precio de los alquileres que ha sido llevada a la Camara por los sindicatos CCOO, UGT, el Sindicato de Inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Se ha hecho un compromiso para registrar esta iniciativa la próxima semana como proposición de ley. De tal forma que esta iniciativa se registrará en el Congreso antes de que llegue la Nueva Ley de Vivienda prometida por PSOE y Unidas Podemos, que ya va con siete meses de retraso debido a las reticencias del PSOE a intervenir los precios.

Esta nueva ley de garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada, está dirigida a hacer real y efectivo el derecho de toda persona a una vivienda digna, adecuada y accesible.

Para ello, se contemplan modificaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos, en la regulación hipotecaria, judicial, y se fija un objetivo para que los municipios con más demanda residencial tengan un plazo de veinte años para disponer de un 20% de vivienda social.

En esta ley se prohiben los deshaucios sin alternativa habitacional en situación de vulnerabilidad y trata de garantizar los suministros básicos, y el establecimiento de una tarifa social de agua, gas y electricidad, financiada entre productoras, distribuidoras y comercializadoras.

También regula la dación en pago, mejorando el derecho a una segunda oportunidad, limita la responsabilidad al bien hipotecado, e impide el embargo de la única vivienda de las terceras personas que avalen un préstamo.

Las zonas tensionadas será reconocidas cuando la renta media supere el 30% de los ingresos medios o que en cinco años se acumule un crecimiento de los precios de al menos tres puntos por encima de la tasa interanual del IPC de la comunidad autónoma correspondiente. Podrá ser reconocida por un periodo de hasta 5 años, prorrogándose año tras año si fuese necesario, habilitando a los ayuntamientos a aplicar las medidas que consideren para determinar rentas máximas en los alquileres, a partir del índice de precios.

La ley también regula la información que deben recoger los contratos de alquiler, los gastos que deben asumir las partes, así como las políticas de control del alquiler turístico, creando un registro de contratos que podrá ser utilizado por los organismos públicos con fines estadísticos. También los ayuntamientos aplicarán recargos en el IBi de viviendas vacías de grandes tenedores para aumentar la oferta de vivienda, y se anula el régimen fiscal especial de las Socimis, que pasarán a tributar en el régimen general.

fuente: europapress.es